Mato prepara una revolución de la ley de dependencia
Fijará nuevos criterios para acceder a las ayudas tras cinco años de una norma desigual e incapaz de crear empleo
Un pilar del Estado del Bienestar
Madrid, LaRazon.es, 13/04/2012
A juzgar por las palabras de ayer de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se avecina un huracán que sacudirá, de arriba abajo, la actual ley de dependencia. Tras cinco años de aplicación de la norma, lo cierto es que, aunque se ha logrado que 1,5 millones de personas hayan sido reconocidas como dependientes, la ley precisa un lavado de cara urgente. Y según precisó Mato tras presidir el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, esta revolución debería estar lista para el próximo mes de junio.
Aunque hace dos años que se debía haber evaluado el desarrollo de la ley, no ha sido hasta ahora cuando el Ministerio se ha reunido con las comunidades autónomas para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no. El resultado, cinco años después de su entrada en vigor, habla por sí solo: la ley no ha contribuido a generar empleo, se ha creado una desigualdad manifiesta entre regiones y el gasto se ha disparado muy por encima de lo previsto inicialmente. Según las cifras desveladas por la titular de Sanidad, dos de cada tres altas en el Régimen General de la Seguridad Social en el sector de los Servicios Sociales corresponden a cuidadores familiares, lo que evidencia la incapacidad de la norma para convertirse en un verdadero generador de empleo. De hecho, sólo el año pasado se perdieron 8.304 empleos en el sector, a pesar de que unos 200.000 dependientes se incorporaron al sistema.
Al igual que sucede en el ámbito sanitario o educativo, se han construido 17 sistemas de atención a la dependencia completamente distintos entre sí, con desigualdades tanto en la cuantía de las prestaciones económicas, como en el reconocimiento de los distintos grados de dependencia o en la aportación que debe hacer el paciente. Así, por ejemplo, una persona que es considerada dependiente en una comunidad, puede no serlo en otra, lo que supone, en palabras de Mato, «una discriminación en función del lugar de residencia».
Desfase en las previsiones
Por si todo esto fuera poco, la irrupción de la crisis económica, que ha afectado con especial virulencia a nuestro país, hace imprescindible revisar la financiación de un modelo que ha rebasado con creces las previsiones iniciales que se hicieron de la ley en 2007. Así, existe un desfase de 2.700 millones de euros entre los 4.764 millones de aportación estatal acumulada previstos para 2015 y los 7.487 millones que el Gobierno lleva aportados actualmente. Además, aunque hace cinco años se estimó que en 2015 habría 1,17 millones de dependientes, hoy son ya más de 1,5 millones los dependientes reconocidos en nuestro país.
Asimismo, la ministra llamó la atención sobre una circunstancia que ya se conocía: a pesar de que la ley contemplaba que las prestaciones para cuidadores familiares fuesen una excepción, la realidad es que, en muchas comunidades, son la mayoría de ayudas a la dependencia. Aunque resultan más baratas que, por ejemplo, una plaza en una residencia, Mato advirtió de que, si bien muchas veces son las propias familias las que demandan estas prestaciones, «esto no siempre garantiza una atención de calidad».
Para solucionar todos estos problemas y lograr una ley «viable y sostenible en el tiempo», la ministra anunció un acuerdo inicial con las comunidades que permita, entre otros aspectos, establecer criterios comunes en aspectos como el baremo de la dependencia, unificar el procedimiento de reconocimiento o priorizar las prestaciones a través de la red pública de servicios sociales, «que es la manera de crear empleo».
Aunque algunas CC AA como Cataluña o Andalucía, así como la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, criticaron el recorte de 253 millones de euros por parte del Gobierno en una de las partidas, Mato recalcó que se ha elevado un 18 por ciento la contribución estatal, y que ahora «es el turno de las CC AA de apretarse el cinturón».
Los cuidados de familiares a mayores valen 40.000 millones
El valor monetario de los cuidados que presta la propia familia a las personas mayores en España está ya cuantificado. Podría alcanzar hasta los 40.000 millones de euros, lo que supondría un 3,79% del PIB, según las estimaciones de varios profesores universitarios recogidas en un informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.
En España están identificados más de un millón de cuidadores que no son profesionales y que atienden a personas de más de 65 años con limitaciones en su autonomía.
Esos cuidadores informales proporcionan más de 3.000 millones de horas de cuidado y tres de cada cuatro horas de cuidado recaen en las mujeres. En el año de elaboración del estudio (2008) residían en España en un domicilio particular 2,2 millones de personas de 65 y más años de edad con al menos una discapacidad. La edad media de esta población era de 78,8 años (77,7 los hombres y 79,4 las mujeres), y un 66% eran mujeres.
