COCEMFÉ ARAGÓN
Ley de Dependencia en Aragón, 21/08/2013, Heraldo de Aragón
Los dependientes pagarán más por la prestación en función de su patrimonio
Hasta ahora solo se tenía en cuenta la renta. La DGA podría reclamar parte del coste del servicio a los herederos
El mes de agosto sigue siendo el preferido del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia para publicar los cambios más polémicos en su normativa. Un año después de que se anunciara el recorte de las prestaciones que cobran las familias con dependientes a su cargo, la DGA publicó ayer en el Boletín Oficial de Aragón la orden por la que se regula el copago para el sistema de dependencia en función de la capacidad económica de los beneficiarios.
Entre las novedades, una que afecta directamente a los usuarios: el patrimonio contará junto a la renta a la hora de determinar la capacidad económica de las personas para calcular el copago de los servicios que reciban. Hasta ahora, solo se tenía en cuenta la renta por lo que, según diferentes fuentes del sector consultadas, esto supondrá que muchos beneficiarios, de los más de 19.000 que hay en Aragón, tendrán que pagar más a partir de ahora por servicios como el alojamiento en residencias, centros de día, la teleasistencia o la ayuda a domicilio.
Y no solo eso, según la orden publicada ayer, en el apartado de alojamiento permanente (esto es, residencias) «en los casos en los que la aportación de la persona beneficiaria no sea suficiente para abonar en su totalidad su participación en el coste del servicio, se generará el correspondiente reconocimiento de deuda».
El presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, interpreta este apartado como que la DGA se hará cargo en vida de la diferencia entre el coste y la aportación, pero una vez fallecido el beneficiario, la administración podrá reclamar la deuda a cuenta del patrimonio que este conservara. «Es una des capitalización de las personas mayores, una parte más de la demolición de la ley», criticó Ramírez.
Medidas nacionales
Desde el Gobierno de Aragón aseguraron que esta orden se limita a aplicar y trasladar las medidas implantadas por el Gobierno central en julio pasado y que tantas críticas generaron en diferentes colectivos sociales. Fuentes del Departamento de Sanidad admitieron que la inclusión del patrimonio en el proceso de valoración de la capacidad económica es la principal novedad.
Según las medidas del Ejecutivo central recogidas en la orden de la DGA, habrá copago para los dependientes que tengan rentas superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y que ahora se sitúa en 532,51 euros mensuales. El copago será progresivo y como máximo llegará al 90% del precio del servicio del que se esté disfrutando. Se tendrá en cuenta, además, la naturaleza de la prestación de dependencia reconocida, según se trate de un servicio o de una ayuda económica.
Ayuda a domicilio
Fuentes del sector de los servicios sociales recordaron que «el copago ya existía, pero con lo nuevos criterios será mucho más elevado». Tanto que, señalaron las mismas fuentes, habrá familias que no podrán asumir, por ejemplo, la ayuda a domicilio, con los nuevos criterios restrictivos que se han establecido. Algo parecido sucederá con la teleasistencia. Y es que, según la orden publicada ayer, las personas que tengan ingresos inferiores al Iprem mensual no pagarán nada, los que cobren entre el Iprem mensual y el 1,5 de este, deberán aportar el 50% del coste, y los que superen este umbral abonarán el 90% del servicio.
(Asister…No existe la prestación de “Ayuda a Domicilio” en Aragón…0 prestaciones)
Para calcular lo que deberá aportar cada persona para cada uno de los servicios (alojamiento permanente o temporal, estancia diaria o nocturna, ayuda a domicilio, teleasistencia…) y para determinar las prestaciones económicas, la DGA establece unas fórmulas matemáticas que varían en cada uno de los casos.
Distintas fuentes del sector de los servicios sociales consultadas lamentaron que se trata de una orden «confusa y que necesitará un desarrollo». Algo que el propio Gobierno de Aragón reconoce en su orden ya que señala que «la efectiva implantación del nuevo régimen de participación de los usuarios en la financiación de servicios y prestaciones requiere el previo ajuste de las actuales herramientas de gestión, razón por la cual la norma difiere su entrada en vigor por el tiempo necesario para llevar a cabo las oportunas adaptaciones».Así, la citada orden entrará en vigor a los tres meses de la publicación en el BOA, es decir, en el mes de noviembre.
Aragón era una de las pocas comunidades que todavía no habían regulado esta cuestión y, según fuentes del sector, esta orden llega con retraso y sigue la línea marcada por otros Ejecutivos autonómicos, como el valenciano o el murciano.
BEATRIZ VIDAL Heraldo de Aragón