Salud amplía el copago de la dependencia y exige el inmediato abono de los atrasos
COCEMFE/Heraldo de Aragón
8/08/2014
La DGA ya cobra las nuevas tarifas a los beneficiarios de residencias y otros servicios. Se han fijado según la pensión y el patrimonio con el fin de que el sistema sea «más justo»
ZARAGOZA.
Un año después de anunciarlo, el Gobierno de Aragón ha comenzado a aplicar la ampliación del copago para el sistema de dependencia en función de la capacidad económica de las beneficiarios, que en algunos casos ha disparado su aportación hasta más del 100%, al tener en cuenta su patrimonio y no solo la renta, en función de la cual se calculaba hasta ahora.
El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia no pudo cuantificar ayer el número de afectados, pero insistió en que este sistema «es más justo».
La DGA publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 20 de agosto de 2013 la orden que regula las nuevas condiciones de acceso a los servicios (alojamiento permanente o temporal, estancia diaria o
nocturna, ayuda a domicilio, teleasistencia…), que de inmediato suscitó un aluvión de críticas de los agentes sociales y los partidos de la oposición, al considerar que se trataba de un nuevo recorte de derechos y un paso más hacia el «desmantelamiento» de la Ley de Dependencia.
No obstante, en la misma orden ya se advertía de que la implantación del nuevo régimen en la financiación de los servicios y prestaciones requería un ajuste de las herramientas de gestión, por lo que entró en vigor tres meses después, el 20 de noviembre. Pero tampoco entonces se aplicó todavía ya que, según reconoce el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), dependiente del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, no era posible «por problemas informáticos».
En todo caso, la medida sí afecta a todos aquellos aragoneses que, desde la citada fecha, sean beneficiarios de alguna de las prestaciones incluidas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Y las nuevas condiciones rigen desde ese momento, de modo que ahora también se les reclaman los atrasos acumulados como consecuencia de la demora de la Administración en la actualización de sus cuotas. Así, al nuevo importe tendrán que sumar la diferencia entre este y lo que pagaban hasta ahora. La cantidad resultante, en función de los meses transcurridos desde que empezaron a ser beneficiarios, tendrá que ser reintegrada a la DGA de forma prorrateada en los siguientes recibos, según se les ha informado.
Fue esta primavera cuando los afectados por esta medida empezaron
a recibir los requerimientos para que entregaran una declaración responsable con sus datos económicos, con el fin de adaptar sus cuotas a estos.
Las deudas, para los herederos
En las últimas semanas se han hecho los cálculos correspondientes y algunos usuarios ya han empezado a pagar este mes las nuevas tarifas, que en algunos casos se han llegado a duplicar. Por ejemplo, un residente en un centro asistencial público que antes pagaba 645 euros, ha visto dispararse el precio de su plaza hasta los 1.336, al considerarse los ahorros y los bienes de los que sea titular cada beneficiario.
Hasta ahora, en el caso de las residencias, el límite era un 80% de la pensión, y ahora el tope pasa a ser el 90% del coste total del servicio,
que para una persona asistida es de casi 1.500 euros.
Además, la orden también prevé que en caso de que su dinero se agote y sigan recibiendo la prestación solicitada, serán sus herederos
los que se tendrán que hacer cargo de la deuda que genere su asistencia.
Más del doble de cuota por la misma plaza.
Un usuario ha visto cómo el servicio se encarece un 107%. También le piden casi 4.000 euros de atrasos
ZARAGOZA. Con un grado II de dependencia reconocido, a comienzos
de este año logró una plaza en una residencia pública.
Ya entonces, le advirtieron de que estaba pendiente una rebaremación de los precios en función del patrimonio, y no solo de la renta, para adaptar lo que cada usuario paga al coste real del servicio, pero que la orden no se había aplicado aún. Lo que no podía sospechar este octogenario es que el incremento de lo que paga por su plaza sería de un 107%, ya que de acuerdo a su pensión abonaba inicialmente unos 645 euros, que este mes han pasado a ser 1.336, una cuantía más próxima a la que cobran en centros privados que a lo habitual en los públicos.
Para fijar el nuevo precio, el Gobierno de Aragón ha tenido en cuenta tanto sus ingresos brutos (según la renta en 2013 no llegaron a 10.000 euros) como sus ahorros y la valoración que la propia DGA ha hecho de su piso, en el que vivía solo hasta que ingresó en la residencia.
Pero la tasación parece más elevada de lo que podría obtener
si lo pusiera a la venta.
Ante esta situación, el afectado preguntó qué ocurriría en caso de que agotara el dinero de que dispone y siguiera requiriendo atención especializada, y la respuesta fue clara: sus familiares –no tiene
esposa ni hijos– tendrían que hacerse cargo de la factura. Así lo establece la orden que regula el copago, que en el caso de las residencias recoge que cuando la aportación del beneficiario no sea suficiente para abonar su participación en el coste del servicio, «se
generará el correspondiente reconocimiento de deuda».
Pero lo más inmediato es el abono de los atrasos que le reclama la DGA y que ascienden a casi 4.000 euros. Y mientras hace cuentas, duda entre seguir en la residencia, buscar otra un poco más asequible o volver a casa y contratar a alguien que le ayude.