La Ley de Dependencia se ha desarrollado de forma tan inadecuada que es palabrería hueca.
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Hoy funcionan en España unas 5.500 residencias con unas 320.000 camas, de las que dos terceras partes pertenecen a empresas o empresarios individuales. En su distribución este sector se parece al hotelero. Hay un pequeño grupo de grandes empresas que gestionan verdaderas cadenas de residencias con cobertura en diferentes comunidades, que en conjunto suman alrededor del 15% del total y que tienen como accionistas mayoritarios a aseguradoras, constructoras, cajas de ahorro o fondos. En los últimos años se han producido varias fusiones y adquisiciones entre empresas de este perfil y nadie descarta más movimientos en el futuro.
El resto de residencias mercantiles está formado por un gran número de empresarios de diferente tamaño. Algunos son grupos, otros empresarios con un solo centro pero con una peculiaridad: el ámbito autonómico de su actividad. Quiero decir con ello que, debido a que las normativas, las inspecciones y la concertación de servicios se hacen a nivel autonómico, hablar de un sector de residencia en España resulta difícil. Realmente hay 17 que en muchos casos, ni se parecen ni quieren parecerse. La Ley de Dependencia, que perseguía una cierta unificación de derechos, criterios de copago o requisitos de acreditación de los centros, se ha desarrollado de una forma tan inadecuada que la idea de un nuevo derecho de ciudadanía común para todos los españoles con independencia de la comunidad autónoma en que habiten se ha quedado en palabrería hueca.
Lo que sí tienen en común todas las residencias privadas es el reto de conseguir encontrar a personas mayores que puedan pagar los 1.800 euros que cuesta de media una plaza en un centro privado en España. Cifra que puede subir en un 30% si hablamos de ciudades como Madrid o Barcelona. Las que consiguen vender sus plazas a la Administración mediante el concierto tienen el reto adicional de cobrar a tiempo las estancias. A cambio de esa cantidad, las residencias ofrecen una atención basada en el trabajo de profesionales (el coste de personal supone un 65% del total) que suelen alcanzar ratios de un empleado a jornada completa por cada dos residentes y en un entorno adaptado.
Se trata de un servicio costoso pero que genera mucha ocupación de la que no se puede deslocalizar. Un sector que ganará en importancia y que merecería una mayor atención por parte de las Administraciones.*Josep de Martí es experto en Gerontología Social.