La Ley de Dependencia Retrocede
El número de beneficiarios desciende al menos en 18.800 en ocho meses
Casi una de cada cuatro personas con derecho a ayuda aún no la recibe
JAIME PRATS Valencia 3 JUN 2013, El País
El Gobierno ha endurecido los requisitos para acceder a una ayuda a la dependencia.
El retroceso del sistema de atención a la dependencia es un hecho. Los últimos datos oficiales, limpios ya de errores y de duplicidades, ofrecen varias cifras que dejan poco espacio a la duda: el número de beneficiarios de ayudas ha caído en los cuatro primeros meses del año en 3.316 personas y, si se comparan con agosto del año pasado, ha bajado al menos en 18.883. Además, a pesar de que lista de espera ha bajado por distintas razones, esta asciende a 218.345; es decir, que casi una de cada cuatro personas con derecho a recibir prestaciones o servicios no las reciben.
Así, el que estaba destinado a ser el cuarto pilar del Estado de bienestar atiende a 748.235 personas a finales de abril (último dato oficial publicado). Ya no se puede hablar de posibles inexactitudes para justificar que la información no se corresponde a la realidad. Los datos están depurados después de que el ministerio haya expurgado las duplicidades y errores detectados por el Tribunal de Cuentas.
En agosto de 2012, justo después de que el Gobierno aprobara el decreto de recortes en gasto de dependencia, eran 780.536, es decir, 32.301 beneficiarios más que ahora. Es cierto que los datos de agosto de 2012 aún no habían pasado por la criba de la regularización de expedientes. Esta actualización detectó 13.418 entradas vinculadas a personas ya fallecidas o que estaban duplicadas. En el caso de que todos ellos correspondieran a beneficiarios —seguro que no es así, los errores afectan seguro a otras categorías—, una vez purgados estos fallos, la caída del número de personas beneficiarias sería de ese mínimo de 18.883, lo que sigue reflejando el imparable retroceso en la aplicación de la ley.
Un portavoz del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad explica que siguen entrando beneficiarios, y “si ahora es a ritmo menor es debido a la aplicación del baremo”, el nuevo procedimiento para medir el grado de dependencia que entró en vigor en febrero de 2012, “que ha ajustado el sistema a las previsiones de la ley”. Este mismo argumento, el hecho de que el baremo sea más riguroso y que haya más personas que no superan los requisitos para acceder a las ayudas, lo comparten responsables autonómicos que gestionan la dependencia consultados por este diario. Pero sin dejar de reconocer que los recortes están asfixiando la capacidad de las comunidades de seguir prestando la atención que ofrecían antes de los ajustes aplicados por el Gobierno.
La caída de beneficiarios no afecta a todas las comunidades por igual. Asturias, Cantabria, Castilla y León logran reponer a las personas que fallecen, e incluso a incrementar ligeramente sus tasas de cobertura. Otras autonomías tienen bastantes más dificultades, como es el caso de la Comunidad Valenciana, que es incapaz de alcanzar la tasa de reposición. Una portavoz de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía admite los problemas que afrontan: “Al mes fallecen unos 2.000 beneficiarios y tenemos dificultades para reponer esta cifra con nuevos usuarios”. Y apunta directamente a la caída de ingresos por parte de fondos estatales. “Solo en Andalucía, este año contamos con 214 millones de euros menos debido a los recortes estatales, es que estamos realizando un esfuerzo ímprobo para mantener el sistema”, apuntan las mismas fuentes.
Suma de recortes
Supresión del nivel acordado. Una de las dos partidas con que el Gobierno financiaba la ley. Ascendía a 283 millones de euros.
Reducción de las prestaciones económicas. El Gobierno ha reducido un 15% la cuantía de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar.
Copago. Se ha acordado incrementar las aportaciones a las prestaciones a percibir. Existe de plazo hasta este mes de julio para aplicar la medida.
Sin Seguridad Social. El Ejecutivo dejó de cotizar por los cuidadores familiares desde enero de este año.
Aplazados hasta 2015 los moderados. Los dependientes menos graves han sido excluidos del sistema hasta el año 2015.
Los datos del Gobierno también apuntan a un retroceso en el número de personas a quienes se les ha reconocido el derecho a percibir las ayudas. Esta categoría incluye a dos grupos de personas. Por un lado, los beneficiarios; por otro, aquellas a las que la Administración ha reconocido su condición de dependientes pero aún no tienen residencia, centro de día o prestación económica de ayuda familiar que les corresponda por su grado de discapacidad. Esta bolsa de gente pendiente de recibir prestación, aquellos que se encuentran en la lista de espera de la dependencia, alcanza la cifra de 218.345 personas.
El ministerio presume de que está reduciendo este atasco, ya que es inferior a las 238.526 personas que había a la espera en enero de este año o los 305.941 de enero de 2012. Pero para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, no hay razones para alegrarse. Si hay menos gente esperando a recibir ayudas no es porque se esté agilizando la incorporación de nuevos beneficiarios.
Uno de los motivos consiste en la decisión que se tomó el verano pasado de aplazar la incorporación al sistema de los dependientes moderados hasta el año 2015. Según los cálculos de la entidad que integra a los especialistas en servicios sociales, esta decisión ha dejado sin derecho a la asistencia a más de 35.000 personas. El otro motivo se explica, señalan, por la muerte de ancianos mientras esperan que les lleguen las ayudas. Según los cálculos de la asociación de directoras y gerentes, decenas de miles de mayores habrían fallecido en esta triste lista de espera, “de lo que se deduce que los fallecimientos ayudan al control del déficit del Estado y marcan el ritmo de desmantelamiento del sistema de dependencia”.
La mitad de los 25.000 dependientes dudosos ha fallecido
Las comunidades autónomas reducen el número de beneficiarios tras coordinar con el Gobierno las bases de datos
DANIEL ROLDÁN | MADRID, 03/06/2013, Hoy.es
La ley de la dependencia y su aplicación en todas las comunidades autónomas sigue dando muestras de una gran falta de comunicación.
A principios de año, el Tribunal de Cuentas puso el grito en el cielo porque había detectado que a unos 30.000 dependientes muertos les habían dado las ayudas.
Concretamente, en su informe aseguraba que estos casos se encontraban “indebidamente incluidos en la aplicación informática Sisaad como beneficiarias del sistema después de haber fallecido” y denunciaba la falta de comunicación por parte de los gobiernos regionales, ya que el Ejecutivo central –a través del Imserso- continuó pagando sus cuotas.
Esto no quiere decir que las familias de estos fallecidos recibieran el dinero. En algunos casos, así ocurrió; en otros, las comunidades lo que hicieron fue recibir la prestación y, al comprobar que el dependiente había fallecido, decidieron no concederles las ayudas. Pero ese dinero no volvió a las arcas del Gobierno central, lo que el Tribunal de Cuentas calificó de “financiación indebida de estas comunidades”.
Ahora, las diferentes consejerías han puesto al día sus datos en relación con el Ministerio de Sanidad, según publica el Imserso, y se han podido aclarar qué ha pasado con 25.806 expedientes. En estos informes se han detectado diferentes errores como muertes, DNI erróneos, duplicados o comprobación de prestaciones.
De estos expedientes, el Gobierno reconoce que 12.055 casos corresponden a personas muertas, 1.363 son expedientes duplicados y 12.388 se resolvieron por pequeñas anomalías. El Imserso asegura que con estos datos, y a fecha 30 de abril, se han podido resolver durante el primer trimestre 13.110 expedientes que han tenido, según este organismo “repercusiones” en los datos estadísticos, ya que en muchos de estos casos “la regularización realizada ha supuesto la baja del expediente en el sistema”. En total, se han dado de baja a 5.929 personas por fallecimiento o expedientes duplicados. Este proceso ha supuesto que en las cifras de este mes se haya experimentado un importante descenso, en todas sus dimensiones como las solicitudes, las resoluciones de valoración o las personas beneficiarias con prestación reconocida.
Por comunidades autónomas, Andalucía era la región que más casos dudosos tenía, con 5.174; seguida de País Vasco (3.323), Castilla y León (2.447), Madrid (2.445), Cataluña (2.089) y Castilla-La Mancha (2.068). En cambio, si solo se cogen los datos de los finados, es la Comunidad de Madrid la primera con 1.666 casos. A continuación se colocan Cataluña (1.469), Andalucía (1.359), Castilla y León (1.288) y País Vasco (1.253).
