La reforma de las pensiones es una de las reformas estructurales más importantes que la Unión europea ha exigido a España y es la que más afecta al colectivo de personas mayores. Se trata de uno de los temas más sensibles para la sociedad porque condiciona en buena medida la manera en que proyectamos nuestra calidad de vida durante la vejez. Si todos queremos asegurar el bienestar durante la Tercera Edad ¿por qué realizar recortes en las pensiones? ¿Por qué esto sirve para ayudar a solucionar los graves problemas en los que se encuentra la economía?
Al parecer la razón es simple: reformar el sistema de pensiones es la consecuencia de tener que hacer un ahorro obligado, significa un recorte en el gasto público que el Estado Español debe asumir porque ya no está en la capacidad de mantener el nivel de bienestar que durante los años de bonanza ofreció a sus ciudadanos. Sin embargo, la relación de las pensiones con todo el sistema económico tiene muchas complejidades e implicaciones. Por una parte, el envejecimiento de la población implica que el Estado tendrá que gastar más recursos económicos para asegurar las pensiones de aquellos que en 10, 15, 20 y 30 años tendrán que cobrarlas: en los próximos 40 años 24 millones de personas se jubilarán en España, lo cual obliga a ahorrar 170.000 millones de euros. El aumento de jubilados en el futuro inmediato implica un reto de financiación que es difícil de afrontar. En buena parte debido al creciente porcentaje de jóvenes desempleados, lo cual significa un mayor gasto en ayudas públicas y una disminución en el recaudo de aquellos impuestos que son utilizados para financiar las pensiones de los mayores. El envejecimiento y el paro afectan el sistema de pensiones directamente. Pero ni el envejecimiento de la población ni la tasa de paro son fenómenos que actualmente se puedan modificar. El envejecimiento de España no está en manos del Gobierno, y la tasa de paro debería estarlo, pero desafortunadamente no lo está. Por eso hablamos de crisis, de una crisis económica y social que ha mermado el optimismo con el cual se veía al Estado de Bienestar y en el que gran parte de la población había depositado su confianza. Según los expertos, el sistema de pensiones público, que durante 25 años ha generado una experiencia positiva en la población, está empezando a generar costes inasumibles derivados del envejecimiento de la población. De hecho, la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea (por ejemplo Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Grecia, entre otros) están modificando sus sistemas de pensiones. Incluso se ha llegado a decir que la edad de jubilación podría aumentarse hasta los 70 años.
En España los recortes en las prestaciones de la jubilación han tomado varios caminos qeu actualmente se discuten en el Pacto de Toledo. Como se mencionaba, uno de ellos es el más común en Europa: retrasar la edad de jubilación de los trabajadores de los 65 años a los 67 años (en Francia se ha planteado a retrasarla de los 60 a los 62 años). Esto implica un incremento (durante 2 años) en las cuotas abonadas por los trabajadores al Sistema de Seguridad Social y una disminución de la cantidad de prestaciones. Otra propuesta ha sido elcongelamiento de las pensiones (excluyendo las mínimas y las no contributivas) durante el año 2011: esto significa que por primera vez desde hace 25 años las pensiones no serán revalorizadas. Otra posibilidad que se ha presentado ha sido aumentar el número mínimo de años que dan derecho a recibir la pensión de los actuales 15 años a 20 años de cotización. En otra línea también se ha oído hablar de acabar o limitar las pensiones anticipadas.
Estas opciones han generado protestas en toda Europa, en buena parte porque son soluciones a corto plazo y porque se argumenta que el objetivo debería estar concentrado en aumentar el PIB (Producto Interno Bruto)del país y en la generación de empleo en vez de recortar las pensiones. Pero aumentar el PIB y generar empleo son precisamente las asignaturas más difíciles sino las que Occidente está reprobando. Una alternativa interesante frente al aumento de la edad de jubilación es, a cambio de postergarla,incentivar la contratación de mayores de 45 años, quienes representan el 25% de los desempleados en España. También la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha presentado propuestas que fueron escuchadas en la Comisión del Pacto de Toledo para debatir las ventajas y desventajas de las reformas. De entrada, CEOMA rechazó las prejubilaciones y recomendó «suprimir definitivamente la obligatoriedad de jubilarse a los 65 ó a los 67 años. Esta edad sólo debe ser el punto de partida voluntaria y, si en un momento el trabajador cumple esa edad, puede –si así lo desea- jubilarse, siempre que, además, cumpla los requisitos de cotización que se exijan». La confederación ha redactado un decálogo de propuestas que vale la pena leer con más detalle.detalle.