Critican la marginación de los enfermos mentales en la Ley de Dependencia
nortedecastillo.es
La consejera de Familia lo niega y asegura que «nadie queda fuera de la atención por tener o no un grado de dependencia»
El presidente de la Federación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Castilla y León (Feafes), Jesús Corrales, denunció ayer la discriminación que sufren los enfermos mentales en la Ley de la Dependencia. Así, dijo, se dan casos, por ejemplo, que la persona está incapacitada por un juez y tiene que ser tutelada y, a la vez, los servicios sociales le declaran «válido».
«Tiene que ser tutelado y, sin embargo, no es dependiente para la Administración», remarcó Corrales, quien consideró que este hecho es «incomprensible» para un colectivo que continúa «muy discriminado», por lo que abogó que se introduzcan baremos nuevos en la Ley de la Dependencia que tengan en cuenta estas características ya que, a su juicio, los enfermos mentales «entraron por la puerta de atrás» en dicha ley.
En la mayor parte de los casos, sostuvo, se hace una valoración injusta del grado de dependencia, a pesar, afirmó, de que la persona haya sido declarada incapaz por un juez para regir su vida. «Es una incongruencia que el sistema judicial lo declare incapaz y los servicios sociales válido», insistió el presidente de Feafes, quien apostilló que «ojalá la enfermedad mental fuera contagiosa porque así se pondrían medios y se habría erradicado».
Corrales, que hizo estas declaraciones en la víspera de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra hoy en Salamanca bajo el lema ‘Abriendo mentes. Cerrando estigmas’, sobre una problema que el 25 por ciento de la población sufrirá en alguna ocasión a lo largo de su vida, censuró también el nuevo Código Penal que, entre otras cosas, relaciona la enfermedad mental con el concepto subjetivo de «peligrosidad» o que conduce a la «cadena perpetua» de estos enfermos cuando comenten un delito.
Otra de las carencias para este colectivo, aseguró el presidente de Feafes, se sitúa en el sistema educativo, en cuya etapa final se diagnostican la mayor parte de las enfermedades. A su juicio, los profesionales educativos deberían tener una preparación suficiente en esta materia para saber identificar los casos y no confundirlos con problemas de conducta.
Si no se identifican, sostuvo, conducen al fracaso escolar y, posteriormente, a la ausencia de formación de este colectivo, donde sólo el 15 por ciento está insertado en el mercado laboral «por falta de formación, pero también por estigma». Además, desde la Administración «no se toman las medidas, ni se dota de recursos suficientes sanitarios y educativos para frenar algo que lleva muchos años siendo un problema y que ya es hora de que se tomen».
Según añadió después el gerente de Feafes, Ángel Lozano, la Consejería de Familia de la Junta pretende incluir entre los requisitos que el informe del médico sea vinculante en estos casos para realizar la valoración de la dependencia. «Era una necesidad que los psiquiatras den su opinión para ver si es dependiente o no». Censuró también que muchas veces el estigma social provoca que muchos enfermos abandonen el tratamiento. Enfermos que, según dijo, hacen muchos esfuerzos por llevar una vida normalizada, tratan de «ser felices» y «ganarse la vida». «Evitad estereotipos y ofrecer una información veraz y plural».
Respuesta de Marcos
En respuesta a estas críticas, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, aseguró hoy que los enfermos mentales están siendo atendidos por los servicios sociales tradicionales independientemente de la Ley de Dependencia. «Nadie queda fuera de la atención que necesita por el hecho de tener o no un grado de dependencia», indicó la responsable regional.
La consejera puso como ejemplo a las personas que reciben ayuda a domicilio en este momento y que «no son dependientes según la ley, pero están siendo atendidos por los servicios sociales tradicionales, fundamentalmente a través del acuerdo marco de financiación a las corporaciones locales».
Marcos reconoció que es cierto que en origen la Ley de Dependencia «dejaba al margen toda la discapacidad», que «se ha integrado posteriormente por el esfuerzo de las comunidades autónomas», pero incidió en que en este momento «la atención se hace a través del sistema de servicios sociales para quien no cumple los criterios de la ley».