Los Servicios en el Hogar y la Atención a la Dependencia conforman uno de los principales ‘‘yacimientos de empleo’’ de la Unión Europea y, sólo en España, tienen el potencial de crear un millón de puestos de trabajo de calidad y no deslocalizables. Sin embargo, para ello resulta fundamental que el Gobierno emprenda reformas fiscales y laborales.
Esta es una de las principales conclusiones de la primera jornada de la III Conferencia Europea de Servicios a la Persona que se celebra en Madrid y según se desprende del reciente informe que ha elaborador la Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP ), con apoyo de la Presidencia Belga de la Unión Europea.
Según explicó Javier Benavente, presidente de AESP, ‘‘la inmensa mayoría de los Servicios a la Persona se están prestando en España desde la economía sumergida, algo que está causando graves perjuicios tanto a la sociedad del bienestar a la que se aspira, como a las arcas del Estado”.
‘‘Un ordenamiento jurídico adecuado en el que se incluyan determinadas medidas fiscales y de flexibilidad laboral, permitirá el desarrollo de un sector que será fundamental como fuente de integración, igualdad y bienestar social en España en los próximos años, sobre todo si se tiene en cuenta la previsible evolución demográfica de nuestro país”, añadió.
Sobre este asunto, Joëlle Milquet, viceprimera Ministra y ministra de Trabajo e Igualdad de Bélgica, ha recalcado que durante los próximos 50 años ‘‘el envejecimiento de la población europea se acrecentará significativamente y la Unión Europea debe transformar esta evolución en una oportunidad”.
AESP propone, entre otras medidas, lograr la equiparación de precios entre los servicios prestados desde la economía sumergida con los servicios de la economía regulada, aplicar un IVA superreducido para la prestación de los servicios o deducciones en el IRPF para los particulares que contraten Servicios a la Persona (SAP) de forma regulada.